La Fundación Tierra expresó su rechazo a la Ley 1720 y pidió su abrogación inmediata. La institución cuestionó el contenido de la norma y alertó sobre sus efectos en la propiedad agraria y los territorios colectivos.
La Ley 1720, que permite la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad, enfrenta críticas por generar asimetría en el acceso a créditos, posibles riesgos a la propiedad colectiva de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y falta de consulta previa.
Sectores campesinos temen que facilite la individualización de tierras y el endeudamiento. Incluso, algunos parlamentarios advirtieron que dicha norma impulsaría el latifundio en el país.
En un pronunciamiento, la entidad se refirió a la figura de “conversión voluntaria” y señaló que esta disposición genera preocupación y motivó el rechazo de la marcha indígena campesina que arribó a la sede de Gobierno tras 28 días de caminata en lluvias y condiciones climáticas adversas.
“La pequeña propiedad goza de protección del Estado porque es considerada el lugar de vivienda, de trabajo, fuente principal de alimentación del propietario y su familia”, afirma el documento.
De ese modo, la institución argumenta que la “conversión voluntaria” constituye “el abandono de deberes constitucionales del Estado en materia de reconocimiento, regulación y protección agraria y ambiental”.
La organización también cuestionó el rol del Estado frente a esta normativa. “El Estado está renunciando a su rol indelegable y constitucional de hacer cumplir la Función Económica y Social de la tierra”.
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Asimismo, advirtió que los sectores empresariales del agro resultan los principales beneficiarios, ya que podrán adquirir parcelas sin límites. Indicó que varios actores fraccionaron predios “para figurar como pequeños propietarios y así cumplir la función social, obtener títulos agrarios y evitar el pago” de obligaciones.
El documento alertó sobre riesgos para comunidades indígenas y campesinas. “Las propiedades colectivas quedan expuestas a amenazas de fraccionamiento y parcelación”, advierte, y agrega que la norma “sienta precedentes para el avasallamiento de territorios y comunidades”.
La Fundación Tierra ratificó su respaldo a la marcha indígena campesina y afirmó que la exigencia de abrogación no es solo una demanda sectorial, sino una condición fundamental para la justicia, la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de derecho.
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