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En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que la petición mexicana deriva de tres causas penales relacionadas con delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud. Sin embargo, el Departamento de Justicia notificó la imposibilidad de atender la solicitud, bajo el argumento de que Zambada enfrenta un proceso ante una Corte de Distrito en Estados Unidos.
La fiscal sostuvo que la detención de El Mayo, ocurrida el 25 de julio de 2024 tras su presunto secuestro en Sinaloa y posterior traslado a territorio estadounidense, abrió una investigación de alta complejidad por posibles violaciones al derecho mexicano e internacional. Agregó que la FGR indaga si la operación se ejecutó en suelo nacional con participación de agencias extranjeras. Desde esos hechos, detalló, la Fiscalía ha iniciado siete carpetas de investigación vinculadas con el caso. Las indagatorias incluyen el homicidio de Héctor “N”, el secuestro de Ismael “N”, la desaparición de dos escoltas, alteraciones en la escena del crimen y posibles negligencias ministeriales del fuero común.
Dentro de esas carpetas, se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes, 124 dictámenes periciales en distintas especialidades y múltiples actos de investigación. Entre ellos figuran solicitudes de asistencia jurídica internacional, inspecciones, requerimientos documentales y análisis sobre la aeronave utilizada para el traslado.
Godoy Ramos señaló que autoridades estadounidenses entregaron información falsa o imprecisa sobre la identificación del avión y que, durante diligencias realizadas por personal de la FGR en instalaciones del FBI en El Paso, Texas, y en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, no se permitió ejecutar plenamente las acciones periciales ni tomar fotografías de los indicios.
La fiscal también informó que México presentó una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional ante el Departamento de Justicia, en Washington, para que Estados Unidos proporcione datos relacionados con la posible participación de funcionarios del FBI en la planeación, organización, captura y traslado de Zambada.
El caso abrió, además, un frente diplomático al señalar que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que su gobierno no participó en la operación, que no se trató de una aeronave estadounidense y que no intervinieron agentes de su país. La fiscal general destacó que frente a nuevos datos que apuntan a una posible intervención del FBI, se estaría ante una transgresión a la buena fe en las relaciones diplomáticas.
A decir del titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, las consecuencias para el exembajador estadounidense Ken Salazar se ubicarían en el plano del derecho diplomático internacional, sin que ello implique, de forma automática, una responsabilidad penal por coparticipación en los hechos investigados.
A su vez, la fiscal general Ernestina Godoy afirmó que la FGR continuará con nuevos actos de investigación para determinar responsabilidades.
"Cualquier intento de transgresión a la soberanía nacional lo será en contra del pueblo", sostuvo al defender que el caso se investiga bajo el marco del respeto al derecho mexicano.
Reiteró que el caso presenta inconsistencias desde el origen. Personal ministerial acudió en agosto de 2024 a oficinas del FBI en El Paso, Texas, y después al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, para revisar indicios relacionados con la aeronave utilizada en el traslado. Sin embargo, según la institución, no se permitió realizar diligencias completas, tomar fotografías ni acceder a información suficiente para esclarecer los hechos.
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Otro punto bajo revisión es la identidad del piloto. La FGR señaló que Estados Unidos no proporcionó datos precisos y sólo informó que éste solicitó ser deportado de inmediato a México. Además, en el expediente constan datos falsos o imprecisos sobre la matrícula y medios de identificación del avión, el cual habría sido modificado en pintura, luces, combustible y motor. Resaltó la titular de la FGR que la nueva solicitud de asistencia jurídica enviada a Washington busca establecer si agentes o funcionarios estadounidenses participaron en una operación encubierta en suelo mexicano. De confirmarse, la indagatoria podría acreditar responsabilidades por violaciones a la soberanía nacional, al derecho mexicano y a los principios de cooperación internacional.
Rocha Moya, en investigación separada
Respecto al tema de Rubén Rocha Moya, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, precisó que la investigación se lleva a cabo por separado. Agregó que la indagatoria inició a partir de una solicitud de detención provisional con fines de extradición formulada por Estados Unidos, relacionada con 10 personas señaladas como funcionarios y exfuncionarios.
Indicó que, hasta ahora, no se han recibido pruebas concretas que alcancen el parámetro probatorio exigido por el derecho mexicano. También aclaró que las entrevistas ministeriales ya fueron realizadas, que se han recibido reportes e informes, y que la investigación continúa abierta. Sobre una posible revisión financiera de las personas señaladas, la FGR explicó que, por ahora, la carpeta se limita a los delitos referidos por Estados Unidos en su solicitud. Es decir, no se ha ampliado a otros ilícitos mientras no existan datos que permitan abrir nuevas líneas de investigación.
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